Informe AT Kearney

La consultora estratégica identifica ocho sectores claves de inversión prioritaria para el desarrollo económico y del estado del bienestar: agua, energía, medioambiente, sanidad, educación, justicia, telecomunicaciones y logística y transporte, entre otras.

La patronal española de constructoras y concesionarias de infraestructuras cree que el sector tiene fortaleza para asumir el reto siempre que el marco regulatorio preserve la seguridad jurídica y permita atraer financiación privada.

El estudio estima que este plan de inversión contribuiría a crear entre 500.000 y 750.000 empleos anuales y a generar actividad económica por valor de hasta un billón de euros.

Madrid, 22 de octubre de 2015. España necesita un plan de inversión sostenida en infraestructuras a 10 años de entre 38.000 y 54.000 millones de euros anuales que evite que nuestro país pierda el tren de la competitividad y el bienestar social respecto a los principales países europeos.

Ésta es una de las principales conclusiones del estudio presentado hoy por la consultora A.T. Kearney y la Asociación Nacional de Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), que detecta necesidades de equipamientos de infraestructuras en nuestro país que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida del ciudadano y la consolidación del Estado de Bienestar. Esta cifra supone que, al menos, la inversión debe superar en un 72% el volumen anual destinado a infraestructuras actualmente, si no queremos aumentar la brecha que ya existe con los países de nuestro entorno.

El informe identifica una serie de sectores, en los que nuestro país tiene una situación deficitaria en equipamientos de infraestructuras y que requieren una inversión sostenida a futuro. Estos sectores son los de agua, energía, sanidad, educación y justicia, transporte y logística, medioambiente, telecomunicaciones y digital, urbanismo y mantenimiento de infraestructuras.

Aspectos como la depuración de aguas, el tratamiento de residuos urbanos e industriales, la eficiencia y las interconexiones energéticas, la mejora de equipamientos hospitalarios y educativos,
la extensión de las redes de telecomunicaciones o el deterioro de las infraestructuras y a construidas por el uso son asignaturas pendientes que España tiene planteadas.

Según el estudio de A.T. Kearney, dicho plan inversor contribuiría a generar actividad económica de entorno a 700.000 millones y un billón de euros en una década. Asimismo, podría crear entre 500.000 y 750.000 empleos anuales directos e indirectos, según el estudio de A.T. Kearney
que, además, estima que el 50% de la inversión podría recuperarse vía retorno fiscal.

Para el Presidente de la consultora en España y Portugal y Presidente mundial del sector de industria e infraestructuras de A.T. Kearney, Eugenio Prieto, “las infraestructuras aportan un valor esencial para el desarrollo económico y social y prueba de ello es que en los últimos 10 años esta inversión ha generado 1,6 billones de euros en actividad económica, ha creado 1,2 millones de empleo al año y ha contribuido a vertebrar el país mediante la modernización de los transportes, la reducción de tiempos de viaje, la disminución de emisiones de CO2 o la reducción de la siniestralidad en las carreteras, y ha impulsado sectores clave para la salida de la crisis como son el de las exportaciones y el turismo”

Julián Núñez, Presidente de SEOPAN, considera que “el escenario de consolidación fiscal en
el que se mueve nuestro país no puede ni debe ser obstáculo para acometer un programa de inversión sostenida en infraestructuras a futuro. En la actualidad existe gran liquidez en los mercados internacionales de capitales y un significativo apetito inversor por parte de fondos de inversión, compañías de seguros y vehículos inversores especializados”.

Según la patronal, existe actualmente un marco interesante para la inversión: abundante liquidez en los mercados internacionales, apetito inversor en el área de infraestructuras por parte de los grandes fondos y planes de estímulo e inversión como el llamado Plan Juncker en los que apoyarse. “Pero este escenario también exige el establecimiento de un marco regulatorio que preserve la seguridad jurídica y atraiga la inversión”, concluyó Núñez.

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