La obra civil española encadena su séptimo año de recesión desde el inicio de la consolidación fiscal en 2010, confirmándose un agravamiento de la crisis en 2016 como consecuencia de la coyuntura política y de Gobierno. Cerramos 2015 con una caída de la actividad empresarial del 11%, y 2016 confirma un grave empeoramiento, ampliando la caída al 27% en el primer semestre.

La reducción de 60.000 millones de euros del déficit público conseguida en los últimos seis años, se ha centrado, en lo relativo a la reducción del gasto público, en un 48% en recortes de inversión pública, por delante del gasto corriente (36%) y transferencias de capital (16%). Tal situación ha motivado que España tenga el menor ratio inversor en términos de superficie y población de la UE, y que nuestra inversión pública represente actualmente, en valor absoluto, la tercera parte que la de Francia, Alemania y Reino Unido.

Este panorama de restricción inversora ha acrecentado nuestro déficit en infraestructuras, además de su insuficiente conservación, en áreas como el ciclo integral del agua, medio ambiente, equipamiento público, logística, movilidad urbana y conexiones energéticas. Según datos de la Comisión Europea, nuestro déficit de inversión pública anual respecto de la media de las cuatro mayores economías europeas es de 19.000 millones de euros, valor coincidente con el diagnosticado por la consultora A.T Kearney. Si se incorporase dicho déficit a nuestro nivel de inversión actual, nos situaríamos en niveles de actividad de 2003/2004 con 41.000 millones de euros de inversión pública anual, justo antes del despegue inversor que alcanzó su máximo en 2009.

Si nos referimos a una visión global, los 100 mayores proyectos estratégicos de infraestructuras del ranking mundial que se encuentran en planificación, licitación y contratación totalizan 560.000 millones de dólares, repartidos en 70 países. España se encuentra también a la cola (posición 58), ocupando las ocho primeras posiciones, Reino Unido, EE.UU, China, Vietnam, Japón, Indonesia, Singapur y Francia.

El futuro a medio plazo, a pesar de contemplar una estabilización de nuestra inversión entorno al 2% del PIB, debe afrontar una nueva reducción del déficit público de 34.000 millones de euros hasta 2019. Y esta situación, no va a facilitar la resolución de nuestro déficit inversor, y en consecuencia la recuperación de nuestra actividad.

El impacto económico de nuestras infraestructuras constituye actualmente el acelerador más importante de la salida de la crisis. Así lo confirma el crecimiento en 2016 de nuestras exportaciones y turismo internacional – tráfico de mercancías en nuestros puertos y turistas internacionales en nuestros aeropuertos en máximos históricos -. Las infraestructuras son además el sector productivo con mayor capacidad de generación económica, el segundo sector tras la agricultura en creación de empleo y el que requiere menos importaciones para el desarrollo de su actividad, todo ello con un retorno fiscal del 49%.

En la próxima legislatura, la consolidación fiscal no puede seguir siendo una excusa que impida resolver este importante déficit de dotación de infraestructuras, y el Parlamento y Gobierno de la nación deben afrontar una profunda revisión de nuestro modelo. En primer lugar definiendo las prioridades en materia de inversión pública sostenida que España necesita en un horizonte temporal de al menos 10 años, con una nueva planificación pública basada en la rentabilidad socio económico, y unos procedimientos de contratación y ejecución más rigurosos y eficientes. En segundo lugar, definiendo un modelo de financiación más sostenible y solidario, y armonizado con la Unión Europea, basado en la colaboración pública privada de infraestructuras, que, sin alterar su titularidad pública y los compromisos del déficit público, minimice el consumo de recursos presupuestarios.

Cumplir ambos objetivos requiere voluntad política y facilitar la actividad de un sector que constituye uno de los mayores referentes internacionales de la empresa española. Desde el sector, estamos trabajando en estas prioridades para presentarlas cuando las circunstancias políticas lo permitan, cuanto antes mejor.

 

Julián Núñez, Presidente de SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras y Tecnología del Agua.