La falta de un modelo de financiación sostenible en infraestructuras viarias dificulta la movilidad del ciudadano y fomenta la desigualdad social y territorial

 

  • Los fallecidos en carretera han vuelto a repuntar y los costes de siniestralidad vial en España representan más de 10.000 M€ al año, según la Dirección General de Tráfico.
  • Igualmente, varias regiones españolas superan los límites de contaminación anual, según la Organización Mundial de la Salud, y el coste total de atascos en España, cuantificado por la Comisión Europea, asciende a 5.500 M€ al año.
  • La implantación de modelos de tarificación inteligente en los accesos a Madrid y Barcelona podría evitar 150 horas al año de atascos por cada conductor y reducir las emisiones de CO2 hasta un 15%.

 

Madrid, 29 de octubre de 2018 – La actual falta de un modelo homogéneo de financiación de infraestructuras viarias en España dificulta la movilidad, clave en el bienestar de los ciudadanos, ya que fomenta la congestión y pérdida de tiempo en atascos, los problemas de salud relacionados con la contaminación en ciudades y la siniestralidad en la carretera. Además, incrementa la desigualdad social entre regiones, con Europa y entre modos de transporte, según el informe de A.T. Kearney “Hacia un modelo social y sostenible de infraestructuras viarias en España”.

Los ciudadanos son los grandes perjudicados por el deterioro de la movilidad. En este sentido, el trabajo detalla que las muertes en carretera han vuelto a repuntar hasta alcanzar casi los 1.300 fallecidos en 2017 y que los costes de la siniestralidad vial en España representan cada año más de 10.000 millones de euros (M€), un 1% de nuestro PIB, según datos de la Dirección General de Tráfico. Igualmente, varias regiones españolas superan los límites de contaminación anual medios recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, según cifras de la Comisión Europea, el coste total de tiempo de atascos en España asciende a 5.500 M€ cada año.

Revertir esta situación requeriría destinar más recursos a nuestras infraestructuras viarias, cuya inversión actual es un 34% inferior a la registrada en 1986. Sin embargo, nuestras necesidades de inversión en infraestructuras de transporte público, de accesibilidad urbana y de movilidad interurbana suman más de 64.000 M€ y nuestro déficit inversor en la red viaria convencional, según la Asociación Española de la Carretera, supera los 7.200 M€.

Pero el déficit presupuestario y deuda pública, junto con un gasto social creciente, dificultan la adecuada atención de nuestras infraestructuras de transporte exclusivamente con fondos públicos. Para solventar esta situación, explica el estudio, las economías europeas han desarrollado modelos de financiación y mantenimiento centrados en ingresos procedentes de sus usuarios y en inversión privada.

En este sentido, más de veinte países europeos tienen tarificada el 100% de sus redes viarias de gran capacidad que supera los 62.000 kilómetros, mientras que España tiene, actualmente, tan solo el 18%. La financiación de las carreteras por los usuarios proporciona a estos países importantes ingresos adicionales que se destinan al mantenimiento de las vías y a nuevas inversiones generando, además, un importante retorno fiscal a través del IVA.

Para hacer frente a estos retos, el informe concluye que España debe apostar decididamente por un modelo de infraestructuras viarias que permita aumentar la fluidez en las carreteras a través de una gestión inteligente del tráfico, mejorar la seguridad a través de una mayor inversión en mantenimiento y mejora, y reducir la contaminación mediante una adecuada gestión de la demanda y la implantación de soluciones más ecológicas. La realización de este modelo requiere inversión privada y la participación de los usuarios en su financiación, siguiendo la práctica adoptada en toda Europa.

En este sentido, la implantación de modelos de tarificación inteligente en los accesos de Madrid y Barcelona reduciría la congestión entre un 30% y 50% en horas punta, evitaría 150 horas al año de atascos por cada conductor, y reduciría las emisiones de CO2 hasta un 15%. Igualmente, implantar un modelo de tarificación en nuestra red viaria de gran capacidad proporcionaría una contribución económica al Estado estimada entre 60 y 110 mil millones de euros en un plazo de 25 años lo que permitiría afrontar las necesidades de inversión y mantenimiento en la red de infraestructuras viarias.

“España no puede quedarse atrás. Debe garantizarse el principio de movilidad para el ciudadano con un modelo de financiación de infraestructuras viarias más justo, solidario y sostenible que sea compatible con el creciente gasto social y garantice las inversiones necesarias en nuestras carreteras en un contexto de restricciones presupuestarias”, señala Eugenio Prieto, presidente de Infraestructuras de A.T. Kearney.