Se cumplen cuatro años desde la adopción por la Asamblea general de Naciones Unidas de la Agenda 2030 que pretende garantizar un futuro sostenible, con la adhesión, entonces, de 193 países, incluido el nuestro. Los objetivos que la integran van a condicionar cada vez más la acción de los Gobiernos, y muy particularmente sus estrategias en materia de infraestructuras, que tienen un destacable protagonismo en al menos cinco objetivos.
En salud y bienestar, debemos reducir a la mitad las muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico; en agua limpia y saneamiento, debemos garantizar el acceso al agua potable, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando la reutilización y el uso eficiente de recursos hídricos; en energía asequible y no contaminante, es preciso ampliar la infraestructura existente; en industria, innovación e infraestructura, modernizar nuestras infraestructuras regionales y transfronterizas, y en ciudades y comunidades sostenibles, promover y mejorar nuestras infraestructuras de vivienda, de urbanismo y servicios básicos asociados, de transporte público, y de tratamiento de residuos urbanos.
Si nos centramos ahora en la voluntad política y liderazgo de nuestros gobiernos, tenemos importantes desafíos que resolver, y no disponemos de mucho plazo para ello. Y el factor tiempo no parece constituir una variable prioritaria en nuestra regulación pública si nos atenemos al periodo medio de realización del estudio informativo y proyecto de cualquier gran infraestructura que fluctúa entre 5 y 7 años, lo que resulta inaceptable en pleno siglo XXI.
Reducir a la mitad las muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico es posible, pero para ello debemos centrar el esfuerzo en mejorar nuestra red viaria convencional que concentra el 80% de los fallecidos. Nuestro informe de 2017 sobre seguridad en estas vías contiene, entre otras, varias medidas para reducir la accidentalidad por salida de vía (“carreteras que perdonan”), y por impacto frontal y fronto – lateral (“carreteras 2+1”). La extrapolación de los resultados obtenidos a nuestra red viaria convencional de primer orden (32.800 km), que soporta el 94% del tráfico total, obtendría una reducción del número de fallecidos totales en carretera convencional del 39%, lo que ahorraría, aparte de la tragedia humana que supone, unos costes anuales de hasta 702 millones de euros (M€). Para ello, es necesario invertir en estas actuaciones del orden de 1.819 M€.
Aumentar la reutilización de aguas residuales y mejorar con ello la eficiencia de nuestros recursos hídricos implica necesariamente invertir, entre otros campos, en infraestructuras de depuración, saneamiento y reutilización, algo que no venimos haciendo, a tenor de las recientes multas y sanciones que nos está imponiendo Europa. En 2017, nuestro déficit inversor en agua representaba más de 3.900 M€, cifra que sobrepasaría los 6.500 M€ si añadimos el déficit inversor acumulado en infraestructuras de regadío, conducciones y abastecimiento, por no hablar de las necesarias inversiones en prevención de avenidas e inundaciones.
Promover y mejorar nuestras infraestructuras de transporte público en el ámbito urbano, constituye otro importante desafío. Debemos recuperar estas inversiones, ausentes de la contratación pública desde 2009, por cuanto supone de beneficio social para los más de 1.700 millones de usuarios que cada año utilizan las cercanías y el metro, y cuyo déficit inversor acumulado representa hoy más de 30.000 M€.
Finalmente, es preciso reiterar la inexistencia de una política coherente en materia de infraestructuras de tratamiento de residuos urbanos, también con importantes sanciones en el horizonte, al doblar nuestro país la media europea de residuos depositados en vertedero sin tratamiento. Asimismo, las infraestructuras de valorización energética de residuos siguen estando ausentes. Cumplir con los objetivos de tratamiento y valorización fijados para 2020 requeriría invertir más de 6.500 M€, objetivo actualmente inviable.
Nuestras empresas de infraestructuras son un referente mundial en construcción y concesiones de infraestructuras y servicios. Su actividad internacional representa hoy el 74% de sus ventas en más de 90 países, solo superada por las compañías chinas, y ostentan un liderazgo global indiscutible en la promoción de todo tipo de concesiones, con más de 265.000 M$ invertidos desde 1985. Su capacidad para apoyar el cumplimiento de estos objetivos está, por tanto, sobradamente acreditada.
Cumplir con éxito la Agenda 2030 constituye, además de un reto global, un ineludible ejercicio de responsabilidad para nuestros Gobiernos, que necesariamente requerirá de nuevos modelos de financiación y sobre todo, y seguramente, lo más importante, del acuerdo de nuestras principales formaciones políticas para materializar una visión de Estado en la sostenibilidad de nuestras infraestructuras, y de nuestro futuro.
Julián Núñez, Presidente de SEOPAN
