- Este importe se desagrega en la próxima década en 58.369 M€ en conservacion de carreteras, 20.280 M€ en mantenimiento ferroviario y 48.692 M€ en infraestructuras hidráulicas. A este esfuerzo en conservación se suman 280.000 M€ para desarrollar nuevas infraestructuras y adaptacion de las existentes, es decir; España necesita invertir en infraestructuras 407.341 M€ durante la próxima década.
- La Asociación señala que la coyuntura inflacionista, con previsiones de inflación del 3,2 ≈ 3,6% en España en 2026, requiere adoptar medidas urgentes, estructurales y coyunturales, de revisión de precios para el reequilibrio de los contratos públicos.
- Además, reclama modernizar la contratación pública para garantizar la ejecución de las inversiones prioritarias y apunta a la tarificación viaria como la única alternativa para asegurar la seguridad y calidad de las carreteras sin subir impuestos ni comprometer la prestación de los servicios públicos.
Madrid, 27 de abril de 2026. Las necesidades de inversión en conservación y mantenimiento de infraestructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas representan 127.341 millones de euros (M€) en la próxima década, según los datos presentados hoy por SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, en su rueda de prensa anual. Una cifra que se desagrega en 58.369 M€ en carreteras, 20.280 M€ en ferrocarril y 48.692 M€ en infraestructuras hidráulicas. A este esfuerzo en conservación se suma el reto de desarrollar nuevas infraestructuras y de adaptar las existentes. Las necesidades globales de inversión ya detectadas para desarrollar nuevas infraestructuras y adaptar las existentes superan los 280.000 M€, con lo que se concluye que, en conjunto, España necesita invertir en infraestructuras 407.341 M€ durante la próxima década.
En detalle, en carreteras, los 58.369 M€, se dividen en 43.700 M€ para que las Administraciones alcancen los umbrales de calidad técnicos exigibles en conservación (lo que supone un incremento de un 56%) y en 14.670 M€ para la puesta a cero de las redes viarias. Este déficit de conservación se enmarca en un deterioro inversor prolongado en los últimos años: entre 2010 y 2024 se acumula una insuficiencia de conservación de 7.651 M€, pese a que en 2024 las Administraciones invirtieron 2.807 M€ en reposición de carreteras.
En mantenimiento ferroviario, la necesidad de inversión se sitúa en 20.280 M€, desglosados en 8.829 M€ en líneas AV (7.032 M€ en mantenimiento y 1.797 M€ en renovación de la LAV Madrid-Barcelona) y 11.450 M€ en mantenimiento de líneas convencionales, consecuencia del aumento de la demanda – crecimiento del 46,8% en las circulaciones de alta velocidad entre 2019 y 2024- y por la necesidad de acometer renovaciones clave en la red, como la renovación de la LAV Madrid-Barcelona.
Por su parte, en infraestructuras hidráulicas la inversión requerida en conservación asciende a 48.692 M€, con un 60% destinado al ciclo urbano del agua, un 19% a la adaptación al cambio climático, un 10% a adecuación y seguridad de presas, y el resto al Dominio Público Hidráulico, a un Acuerdo Nacional del Agua y a la conservación de cauces y litoral. Estos datos se enmarcan en un problema estructural de agua, con sequías frecuentes, una previsión de caída de los recursos hídricos de entre el 7% y el 11% y cada vez más inundaciones, que ya afectan a más de 2,7 millones de personas, con medio millón en zonas de alto riesgo. La financiación de estas infraestructuras podría articularse mediante convenios del Estado, con organismos públicos o usuarios.
En este contexto, y con la inversión pública que continúa perdiendo representatividad en el PIB con un 2,7% en 2024 vs el 5,2% de 2009, será más prioritario que nunca impulsar los modelos concesionales y de colaboración público-privada para poder acometer estas infraestructuras prioritarias y poder mantener y renovar adecuadamente las existentes. Sin embargo, el modelo concesional está prácticamente paralizado: en 2025 solo se han licitado 2.218 M€ en concesiones de obra, apenas el 1,9% de la licitación pública total. Desde la aprobación de la Ley de Desindexación en 2015, la licitación de concesiones de obra se ha reducido un 84% y cerca de una de cada cinco (19,2%) han quedado desiertas, desistidas o renunciadas. Ante este escenario, SEOPAN plantea un cambio de modelo basado en tres pilares: mayor inversión pública, reactivación de la colaboración público-privada y nuevas fórmulas de financiación, considerando que la tarificación viaria es la alternativa más eficaz para garantizar la conservación y calidad de las carreteras sin aumentar impuestos ni comprometer otros servicios públicos. Según sus estimaciones, un sistema de pago por uso por distancia que supondría en promedio 111 € anuales por usuario permitiría generar hasta 43.260 M€ en una década, destinados a la conservación de la red, la transición ecológica y la digitalización, además de aportar 4.100 M€ de recaudación por BICES en 2.680 municipios.
“Es preocupante que en 2024 invirtamos solo el 52% de lo que se invertía en 2009 y que áreas tan urgentes como el transporte, el abastecimiento de agua y la gestión de aguas residuales hayan pasado de representar el 3,9% del gasto público total en 2008 al 1,7% en 2024. Es momento de pasar de una etapa de infrafinanciación a una de impulso decidido, con visión estratégica, y una apuesta firme por la inversión y la colaboración público-privada”, señala Julián Núñez, presidente de SEOPAN.
La Asociación destaca, asimismo, el negativo impacto en la inflación consecuencia del conflicto de Oriente Medio, con previsiones de entre el 3,2% y el 3,6% en 2026, proponiendo, por ello, recuperar y adaptar los mecanismos de revisión excepcional de precios del RD-ley 3/2022, con la incorporación como conceptos revisables de la energía y la mano de obra y con la supresión de los límites actuales para su reconocimiento y abono.
Finalmente, reclama acometer una profunda modernización de la regulación y práctica de la contratación pública, realizando una adaptación técnica acotada de la Ley de Contratos, que solvente los problemas de su aplicación práctica y garantice un mayor cumplimiento de plazos y presupuestos, inaplicando la normativa de desindexación a los contratos públicos y adoptando un nuevo texto legal para el desarrollo y recuperación de toda la colaboración público-privada.
