SEOPAN alerta del riesgo de incumplimiento por España de los ODS

Estas inversiones, a ejecutar durante el periodo 2021/2030, generarán 144.870 M€ de actividad económica inducida, 2.362.020 nuevos empleos, con un volumen de importaciones de solo el 9% de la demanda final, y un retorno fiscal de 77.159 M€.

Cumplir los ODS requiere invertir, al menos, 103.000 M€ en infraestructuras prioritarias, medioambientales y sociales en los próximos diez años:


200 M€ para reducir el número de muertes y lesiones por accidentes de tráfico (ODS 3)
253 M€ para garantizar la disponibilidad y gestión del agua y del saneamiento (ODS6)
548 M€ para incrementar la resiliencia y calidad de nuestras infraestructuras (ODS 9)
784 M€ para la sostenibilidad medioambiental y social de nuestras ciudades (ODS 11)
848 M€ para combatir la sequía y las inundaciones (ODS 15)

4 de marzo de 2020. Al ritmo de inversión y contratación actuales, será imposible alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por Naciones Unidas, según datos de SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, quien ha añadido que, para cumplir con dicha Agenda 2030, hace falta invertir, en los próximos diez años, al menos 103.000 millones de euros (M€) en diversas áreas prioritarias de mejora de la movilidad, el bienestar ciudadano y el desarrollo sostenible.

Sin embargo, la inversión pública en España sigue en niveles mínimos históricos, equivalente en términos de PIB al de 1980, y con el ratio inversor más reducido de la Unión Europea (UE). A pesar de la recuperación de la contratación pública del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 2019, el volumen contratado por nuestras Administraciones Públicas (AAPP) en 2019 es de 9.890 M€, un 42% inferior al realizado con anterioridad al inicio de la consolidación fiscal en 2010.

Para alcanzar el ODS 3 “Salud y Bienestar” es preciso reducir a la mitad las lesiones y muertes por accidentes de tráfico, que, según la Asociación Española de la Carretera (AEC) se concentran en un 78% en las vías convencionales, implicando un coste por daños personales de más de 10.000 M€/año. En este sentido, y debido a que las medidas regulatorias y de innovación enfocadas a mejorar la seguridad vial han tocado techo, tal y como refleja el hecho de que el número de fallecidos en carreteras se mantenga entre los 1.134 y 1.098 en el periodo 2013/2019, será necesario invertir en esta infraestructura 2.200 millones de euros.

Para llegar al ODS 6 “Agua limpia y saneamiento” y terminar con 29 años de incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE de tratamiento de aguas residuales urbanas, habría que invertir 3.506 M€ en infraestructuras de depuración, ya que, actualmente, solo un 32% de nuestros municipios de más de 10.000 habitantes dispone de sistemas de depuración terciarios y las sanciones de la Comisión Europea (CE) desde 2018 representan 32,7 M€. Además, se necesitan 1.747 M€ en infraestructuras para mejorar la gestión de recursos hídricos en materia de regulación y reutilización, y protección de los ecosistemas del agua.

El ODS 9 “Industria, Innovación e Infraestructura” queda lejos si se tiene en cuenta que en el periodo 2008/2018 las pérdidas en distribución de agua han aumentado del 24% al 26% mientras que la inversión en la red se ha reducido un 40% (datos del Instituto Nacional de Estadística), que el déficit en conservación viaria implica deterioros en el pavimento en 1/13 km (datos de la AEC) o que España tiene la cuota de transporte ferroviario de mercancías más baja de la UE, únicamente el 1,7% del tráfico interior, aun siendo este medio de transporte 5 veces más eficiente que el resto de modos. Así, habría que invertir 2.898 M€ en mejorar la calidad de las redes de saneamiento, distribución y suministro de agua, 7.000 M€ en conservación de carreteras y 7.650 M€ en infraestructuras regionales y transfronterizas de transporte ferroviario de mercancías, conexiones ferro portuarias y logística.

Igualmente, España está lejos de alcanzar el ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, ya que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, varias regiones españolas superan límites de contaminación anual (NO2 y PM2,5) además de que un 22% de las viviendas siguen sin servicios de depuración y un 4% sin servicios de alcantarillado. A pesar del incremento de la población urbana, se ha reducido a cero la inversión pública en transporte público -metro y cercanías- y los costes anuales de la congestión viaria en España representan 5.500 M€. Asimismo, depositamos anualmente en vertedero el 60% de nuestros residuos urbanos y rechazos, el doble que las mayores economías europeas, habiendo sido condenados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la existencia de 88 vertederos incontrolados, cuyas sanciones podrían superar los 50 M€. Ante esta situación, se deberían destinar 30.776 M€ en ampliar la infraestructura de transporte público, 27.034 M€ en mejorar la movilidad en vías urbanas e interurbanas, 6.000 M€ en crear infraestructura verde en el ámbito urbano, 6.521 M€ en reducir el impacto de los residuos municipales y 4.453 M€ en servicios de alcantarillado y depuración y mejora de las vías interurbanas regionales.

Por otro lado, el ODS 15 reclama luchar contra la desertificación, la sequía e inundaciones que, en el caso de España, son causa de las mayores catástrofes naturales (los daños en bienes, personas y pérdidas pecuniarias ascienden a 5.320 M€ desde 1981). Además, el 72% de la superficie española sufre estrés hídrico severo y un 50% está en riesgo de desertización. Hacer frente a estos retos, requeriría invertir 2.910 M€ en infraestructuras para prevenir la desertización y la sequía, y 938 M€ en prevención de inundaciones.

Según Julián Núñez, presidente de SEOPAN, “La coyuntura de gasto y previsiones de nuestra agenda social (pensiones, salud y educación) no permite incrementar un 40% la inversión pública para cumplir dichos Objetivos, por lo que la única opción viable es recuperar el modelo concesional, en desuso desde 2012, y poner en valor los activos públicos que tenemos mediante la participación de los usuarios directos en su sostenibilidad económica, en particular nuestra red de carreteras, al igual que hacen el resto de países de la Unión Europea”.

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