- Con, entre otras medidas, nuevos modelos colaborativos de contratación y ejecución, una nueva regulación concesional, la restitución de la obligatoriedad de la revisión de precios, la actualización y mejora del sistema de clasificación de contratistas y la limitación de encargos a medios propios.
- 2024 sigue registrando incrementos de precio en materiales básicos (acero +36%, aluminio +12% y cemento +5,6%) y energía (electricidad +54% y gas +29,6%), con un coste promedio de la obra pública en 2024 un 27% superior al de 2020, siendo preciso y urgente incrementar al 30% el límite de revisión de precios excepcional.
- Identificados 349.000 M€ de inversiones con horizonte de ejecución hasta 2035 en infraestructuras planificadas (157.000 M€), de modernización (113.000 M€) y proyectos innovadores (78.000 M€), con especial relevancia de las infraestructuras de transporte (141.000 M€), energía (97.800 M€) y ciclo integral del agua (94.300 M€).
- Impulso eficaz y notable del PRTR en la obra civil con 15.280 M€ de subvenciones licitadas hasta 2024, teniendo pendiente el desarrollo de PERTES sectoriales como el de la red de infraestructura de recarga pública a escala nacional en vías de gran capacidad y convencionales del Estado y CCAA.
- El 69% de las autovías libres europeas se ubican en España, siendo preciso armonizar con la UE nuestro modelo de gestión y financiación de carreteras, y, en el ámbito del agua, urge mitigar el riesgo de inundación en las Cuencas Mediterráneas con inversiones contenidas en planes y estudios hidrológicos de hasta 5.000 M€.
10 de marzo de 2025. La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, SEOPAN, apunta que el sector requiere de diversos cambios regulatorios relacionados con la necesaria obligatoriedad de la revisión de precios y la reactivación del modelo concesional para realizar las inversiones prioritarias que urgen en nuestro país, el impulso de los modelos colaborativos para mejorar la eficiencia en la contratación pública y garantizar el cumplimiento de plazos y presupuestos, la limitación del uso de medios propios por parte de las Administraciones (AAPP) y la renovación de un sistema de clasificación de contratistas ineficiente y obsoleto.
En este sentido, y ante el continuado incremento de precios en 2024 en acero (+36%, ANIFER), aluminio (+12%, LME), electricidad (+54%, OMIE), gas (+29,6%, MIDGAS) y cemento (+5,6%) es preciso restablecer en los pliegos la obligatoriedad del procedimiento de revisión de precios, eliminada en 2015 por la Ley de Desindexación.
Igualmente, según SEOPAN, es prioritario ampliar el límite máximo revisable de la revisión excepcional de precios del 20% al 30% para reequilibrar los contratos de obras anteriores a 2021, al comprometer gravemente la ejecución de importantes proyectos de alta velocidad y de carreteras del Estado.
Además, en la rueda de prensa anual, SEOPAN ha recordado la importancia de impulsar los modelos colaborativos, utilizados recurrentemente en contratación internacional, para garantizar la eficiente ejecución de la obra y el cumplimiento de presupuestos y plazos, recordando que ha remitido a las
Administraciones una propuesta de modelo colaborativo de coste objetivo para su implementación en contratos piloto.
La Asociación también ha señalado que la licitación pública de concesiones de obras está en mínimos, con tan solo 11 concesiones licitadas en 2024 de 312 millones de euros (M€); frente a los 5.274 M€ licitados en 2023, que tuvieron un ligero repunte por la licitación del Plan de Careteras de Aragón. El informe anual de supervisión de la contratación de 2024 de OIReScon, hace referencia a que en 2023 las concesiones representaron un 5,1% del total de la contratación y que un 19,3% de las concesiones licitadas quedaron desiertas. OIReScon insta a abordar una modificación reglamentaria para volver a impulsar el mercado de concesiones y hacerlas atractivas para el capital privado.
SEOPAN ha recordado que el encargo a medios propios para la ejecución de proyectos es una excepción a los principios de libre competencia y concurrencia en la contratación pública y debe aplicarse de forma restrictiva, según determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En 2021-2023, se ha producido un crecimiento del volumen de encargos a medios propios del 115%, de 1.935 a 4.093 M€, concentrándose el 64,2% de los encargos en 10 medios propios, especialmente en TRAGSA y TRAGSATEC con el 21% y 17,5%, respectivamente.
Por otro lado, la insuficiente regulación legal y reglamentaria del sistema español para obtener y renovar la clasificación de contratistas genera inseguridad jurídica, producida, entre otras cuestiones, por los diferentes criterios de los órganos que otorgan la clasificación para la acreditación por medios de cada subgrupo y por la inexistencia de un sistema regulatorio único sobre las condiciones y el procedimiento para obtener la clasificación.
En relación con los datos sectoriales, 2024, registra un significativo crecimiento de la licitación pública nacional, del +10,3% hasta 29.533 M€, impulsado por la edificación (+22,9%) y en menor medida por la obra civil (+2,5%) que acusa la terminación de la contratación de subvenciones del PRTR. En lo relativo a la contratación pública de obras, a nivel nacional 2024 registra un incremento del 6,4%, impulsado por el Estado (+8,8%) y AALL (+21,3%), y lastrado por las CCAA (-7,1%).
Con respecto a la inversión pública, Eurostat destaca que en 2025/2026 España tendrá la menor ratio de inversión pública de la UE, con 2.314 €/km2 x millón habitantes, ampliándose así la brecha con Alemania, Italia y Francia que invertirán un 49,6%, 52,0% y 24,3% más, respectivamente.
La Asociación en su último informe publicado con la ingeniería Sener, identifica unas necesidades de inversión pública para la creación y modernización de infraestructuras en España de 349.268 M€ desglosados en 157.217 M€ en infraestructuras planificadas (85.083 M€ en transporte, 37.938 M€ en Agua y 34.196 M€ en el PNIEC), 113.809 M€ en modernización y adaptación de infraestructuras existentes (destacando transportes con 55.056 M€ y agua con 44.518 M€) y 78.240 M€ en infraestructuras innovadoras (destacando el ámbito urbano con 41.000 M€ y energías renovables y medio ambiente con 22.638 M€).
Con relación al ámbito de las infraestructuras hidraúlicas, la Asociación urge priorizar la mitigación del riesgo de inundación en las Cuencas Mediterráneas con inversiones contenidas en los planes y estudios hidrológicos de hasta 5.000 M€, y poner en marcha un Plan Nacional de adaptación de infraestructuras en Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación, ARPSI, con medidas estructurales (presas, áreas de laminación y sacrificio), medidas de permeabilidad de infraestructuras lineales (puentes, viaductos y drenajes) y medidas de adecuación de seguridad en presas existentes (aliviaderos y órganos de desagüe).
La Asociación considera, asimismo, prioritario armonizar con la UE el modelo de gestión y financiación de carreteras vigente en España, al concentrar nuestro país el 69% de las autovías libres europeas, ello al objeto de resolver la insuficiencia de recursos para la creación, adaptación y conservación del patrimonio viario, que en conservación acumula un déficit inversor de 10.000 M€, y en creación y adaptación de infraestructura afronta inversiones de 43.000 M€ durante la próxima década.
